El National Treasury de Sudáfrica ha publicado un borrador de regulaciones que representa uno de los intentos más ambiciosos —y controvertidos— de cualquier gobierno para someter los criptoactivos al marco tradicional de control de flujos de capital.
Las Draft Capital Flow Management Regulations 2026, publicadas el 17 de abril en el Government Gazette, reemplazarían las obsoletas regulaciones de control de cambios de 1961 e incorporarían explícitamente a Bitcoin y otros criptoactivos como “capital”, equiparándolos al oro, la moneda extranjera y los valores.
El documento clasifica los criptoactivos dentro del régimen de gestión de flujos de capital, lo que implica restricciones significativas a su tenencia, transferencia y uso, especialmente en operaciones transfronterizas.
Los residentes sudafricanos que posean criptoactivos por encima de un umbral —aún por determinar por el Ministro de Finanzas— tendrían 30 días para declararlos ante el Treasury o un dealer autorizado, detallando cómo y cuándo fueron adquiridos, dónde se custodian y si respaldan pasivos en el exterior.
Un documento polémico
Una de las disposiciones más polémicas otorga a los funcionarios de enforcement, incluidos los de fronteras, amplios poderes para exigir contraseñas, PINs o claves privadas de wallets.
Negarse a entregar esta información constituiría un delito penal, sancionable con multas de hasta 1 millón de rand (aproximadamente 60.000 USD) o hasta cinco años de prisión, o ambas penas. Además, el Treasury podría adquirir ciertos activos declarados,yahoo.com
Las regulaciones también restringen la compra, venta, préstamo o endeudamiento de criptoactivos por encima del umbral a través de personas no autorizadas. Las transacciones significativas deberían canalizarse a través de proveedores de servicios de activos cripto autorizados, lo que en la práctica limita severamente la autocustodia y las transacciones peer-to-peer directas. Para viajeros, la obligación de declarar criptoactivos al entrar o salir del país añade otra capa de control.
Desde el punto de vista del gobierno, estas medidas buscan cerrar brechas para flujos ilícitos, mejorar la supervisión y alinear el sector crypto con estándares internacionales, complementando la regulación existente de la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) y el Financial Intelligence Centre. Sudáfrica ha sido pionera en África al declarar los criptoactivos como productos financieros, pero este borrador marca un endurecimiento claro en materia de controles de capital.
La reacción de la industria
Farzam Ehsani, CEO de VALR —uno de los principales exchanges del país— describió el documento como “alarmante” y advirtió que socava años de progreso regulatorio y la naturaleza misma de los activos digitales, al amenazar el ejercicio práctico de la autocustodia. Organizaciones como BitcoinZAR y otros actores han llamado a la comunidad a presentar comentarios formales antes del plazo principal del 10 de junio de 2026.
Analistas económicos señalan el contexto más amplio: el rand sudafricando ha perdido alrededor del 75% de su poder adquisitivo desde el año 2000, según datos del Banco de la Reserva. En ese entorno, Bitcoin ha sido percibido por muchos como un hedge contra la depreciación monetaria y la inflación crónica. Imponer controles estrictos podría, paradójicamente, desincentivar la inversión local, empujar a usuarios hacia jurisdicciones más amigables o aumentar la dependencia de exchanges centralizados, elevando riesgos de concentración y hacks.
Este borrador no es ley todavía. Representa una propuesta abierta a comentarios públicos y podría sufrir modificaciones sustanciales. Sin embargo, su publicación marca un momento decisivo en la relación entre los gobiernos y la tecnología Bitcoin, que por diseño prioriza la soberanía individual sobre los activos.