Plusspay, una fintech chilena, fue fundada por un ciudadano venezolano prófugo y utilizada por células del Tren de Aragua para convertir pesos chilenos en USDT y USDC y sacarlos del país.
Una investigación publicada por El Mostrador el 12 de junio de 2026, reveló que el Tren de Aragua no solo lavó dinero a través de la banca tradicional chilena, sino que también creó su propia empresa de tecnología financiera para realizar transacciones en criptomonedas. La plataforma se llama Plusspay, tiene sede en Santiago, en la comuna de Providencia, y ofrece transacciones en distintas stablecoins, principalmente USDT y USD Coin (USDC).
El mecanismo, según describe el propio sitio de la empresa, era simple: cualquier persona podía transferir pesos chilenos a Plusspay, que posteriormente los convertía a dólares digitales para enviarlos a destinos en el extranjero. Al momento de la publicación, la web de Plusspay mostraba un banner con un mensaje de “inconvenientes técnicos” que la propia investigación interpreta como señal de la presión regulatoria que enfrenta la empresa tras la publicación.
La persona detrás detrás de la estafa de Plusspay
El fundador identificado es José Manuel Ríos Guaidó, ingeniero mecánico venezolano de 38 años originario de Zulia. Según El Mostrador, Ríos Guaidó creó la empresa a través de modificaciones societarias —de Inversiones Plusservice SpA a Plusspay— y registró la marca. La investigación lo vincula también a otras sociedades como Bexpay y BexGroup, utilizadas en el entramado de lavado de activos de la organización. Actualmente está prófugo, y la PDI allanó sus dependencias en el marco de la Operación Tokio.
El dato relevante es que Plusspay no operaba en la sombra. Estaba registrada y autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) como una de las aproximadamente 179 instituciones financieras no bancarias habilitadas en el país. El Mostrador consultó a la CMF si existe una investigación abierta contra Ríos Guaidó, pero el organismo no respondió antes del cierre de la nota.
El contexto: la Operación Tokio
Plusspay no es un caso aislado. Es parte de un entramado financiero mucho más grande que la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI desarticularon en la llamada Operación Tokio, descrita como el golpe patrimonial más contundente contra el Tren de Aragua en Chile.
La investigación comenzó en julio de 2024, a raíz de un quíntuple homicidio en una parcela de Lampa, y derivó en el desmantelamiento de una estructura que blanqueó aproximadamente $85.000 millones de pesos chilenos entre 2022 y 2026 a través del sistema bancario formal y de criptoactivos. De los 17 imputados formalizados, 14 quedaron en prisión preventiva, incluyendo dos personas vinculadas a instituciones bancarias.
Entre los detenidos figura José Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano que se desempeñaba como ejecutivo del Banco Santander desde 2019, quien según el fiscal Héctor Barrios trasladaba dinero desde cuentas corrientes hacia empresas de papel como BexGroup y BexDigital, creadas por integrantes venezolanos de la organización, desde donde el dinero salía hacia cuentas internacionales.
Santander Chile afirmó que no está siendo investigado como institución porque las operaciones no se realizaron a través de sus canales formales, sino mediante cuentas personales del ejecutivo en distintas entidades.
Las otras plataformas usadas para sacar el dinero del país
Según una investigación de La Tercera, además de Plusspay y BexGroup, la célula del Tren de Aragua bajo investigación utilizó las fintechs Orionx y Koywe para transformar dinero ilícito en criptomonedas y transferirlo al extranjero. Ambas compañías realizan reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), a diferencia de BexGroup, que el informe de la Brilac de la PDI describió como una “sociedad puente” creada específicamente por la organización criminal para inyectar dinero ilícito al sistema financiero formal sin levantar alertas.
La causa, que originalmente rastreaba cerca de $800 millones de pesos obtenidos mediante extorsiones, terminó descubriendo un total cercano a los $75.000 millones lavados entre 2022 y 2025, provenientes no solo de extorsiones sino también de tráfico de drogas, explotación sexual, estafas telefónicas y contrabando.
El caso Plusspay conecta además con investigaciones previas sobre el Tren de Aragua: la plataforma ya había aparecido en antecedentes relacionados con la facción “Los Loyalty”, que operaba en Temuco, con vínculos hacia la célula “Los Piratas” —implicada en el secuestro y homicidio de un teniente venezolano— y hacia “Los hermanos Cartier” en Puerto Montt, conectados a su vez con “La Compañía” en Iquique.
Lo que esto revela sobre el sistema
El caso Plusspay ilustra un problema que va más allá de una empresa puntual. Una plataforma registrada y autorizada por el regulador financiero chileno, que en apariencia operaba como cualquier fintech de conversión de pesos a stablecoins, fue presuntamente fundada y utilizada por miembros de una organización criminal transnacional para mover decenas de millones de dólares fuera del país.
Como señaló el académico de la Universidad Católica José Antonio Gaspar a La Tercera, la industria fintech y los criptoactivos son objeto de especial preocupación del GAFI, el organismo intergubernamental que desarrolla políticas contra el lavado de activos, y la obligación de reportar a la UAF se extendió a las fintechs apenas el año pasado, tras la entrada en vigor de la Ley Fintech.
El registro y la autorización regulatoria no son garantía de que una plataforma no esté siendo controlada por actores criminales. La pregunta que queda abierta para el regulador chileno es cómo se verifica, más allá del papeleo inicial, quién controla realmente una institución financiera autorizada, y con qué frecuencia se revisa esa estructura una vez otorgada la licencia.