José Manuel Ríos Guaidó, fundador de Plusspay, es buscado por la justicia chilena en el marco de la Operación Tokio. La CMF aclaró que la plataforma estaba registrada, pero nunca autorizada 

La investigación que vincula a la fintech chilena Plusspay con una red de lavado de activos operada por el Tren de Aragua sumó un nuevo capítulo. Esta semana, la Fiscalía Metropolitana Sur emitió una orden de captura contra José Manuel Ríos Guaidó, fundador de la plataforma, quien actualmente permanece prófugo y sería buscado tanto en Chile como en otros países de la región.

La medida se produce pocos días después de que una investigación periodística de El Mostrador revelara que Plusspay habría sido utilizada para convertir pesos chilenos en stablecoins como USDT y USDC, permitiendo posteriormente transferir esos fondos al extranjero como parte de una estructura financiera asociada a la organización criminal transnacional.

Según los antecedentes de la denominada Operación Tokio, la red habría movilizado más de $85.000 millones de pesos chilenos mediante una combinación de empresas de papel, cuentas bancarias y conversiones a criptoactivos.

La búsqueda de José Manuel Ríos Guaidó

De acuerdo con los nuevos antecedentes publicados por diversos medios, detectives de la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado allanaron las oficinas de Plusspay en Providencia el pasado 13 de junio. Sin embargo, Ríos Guaidó no fue encontrado ni en las dependencias de la empresa ni en los domicilios registrados a su nombre.

Las autoridades chilenas sospechan que el empresario venezolano habría abandonado el país y podría encontrarse en Venezuela o Colombia.

La investigación sostiene que Ríos Guaidó habría participado en la creación de varias sociedades vinculadas al esquema financiero investigado, incluyendo empresas que utilizaban la marca “Bex”, como BexGroup SpA, BexDigital Services SpA y Bexpay Business Enterprises SpA, las cuales habrían sido utilizadas para mover fondos a través del sistema financiero formal.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha formalizado cargos en su contra, pero la orden de captura representa una escalada significativa dentro de una causa que ya es considerada una de las investigaciones de lavado de activos más relevantes en la historia reciente de Chile.

La CMF marca distancia de Plusspay

Uno de los puntos más relevantes de esta nueva etapa de la investigación es la respuesta de la Comisión para el Mercado Financiero.

Cuando el caso salió a la luz, diversos reportes señalaron que Plusspay aparecía inscrita dentro del registro de proveedores de servicios financieros bajo la Ley Fintech, lo que generó cuestionamientos respecto al nivel de supervisión regulatoria existente sobre este tipo de plataformas.

Sin embargo, la CMF emitió posteriormente una aclaración pública señalando que la inscripción en el registro no equivale a una autorización para operar.

Según explicó el organismo, la Ley Fintech contempla dos etapas distintas: el registro de una entidad y la obtención de una autorización regulatoria posterior. Solo esta última permite prestar servicios regulados de forma efectiva.

“El registro por sí solo no habilita operaciones”, indicó la entidad supervisora.

La CMF agregó además que Inversiones Plusservice SpA —sociedad detrás de Plusspay— figuraba entre las empresas que no habían actualizado adecuadamente sus antecedentes regulatorios conforme a las exigencias establecidas por la normativa vigente.

La declaración busca responder a una de las principales críticas que surgieron tras conocerse el caso: la percepción de que la plataforma operaba bajo una aprobación regulatoria plena.

Un caso que trasciende a una sola fintech

Más allá de la situación particular de Plusspay, el caso vuelve a poner el foco sobre un desafío creciente para reguladores y organismos de cumplimiento en todo el mundo.

Las organizaciones criminales han comenzado a incorporar herramientas financieras cada vez más sofisticadas, mezclando sociedades comerciales, cuentas bancarias, transferencias internacionales y conversiones a activos digitales dentro de esquemas complejos de lavado de dinero.

Según investigaciones recientes sobre el Tren de Aragua, la organización ha evolucionado desde métodos tradicionales de transferencia hacia estructuras que combinan múltiples capas financieras para dificultar el rastreo de fondos.

En ese contexto, el caso Plusspay podría transformarse en una prueba importante para el sistema de supervisión financiera chileno y para la implementación de la Ley Fintech, que apenas comenzó a desplegarse plenamente durante los últimos años.

Mientras tanto, la búsqueda de José Manuel Ríos Guaidó continúa abierta y la investigación sigue avanzando para determinar el alcance real de una estructura que, según la Fiscalía, habría utilizado tanto el sistema financiero tradicional como los criptoactivos para mover recursos fuera del país.