El senador Alejandro Murat (Morena) entregó el 6 de mayo la propuesta de Activos Virtuales Estables Referenciados en Moneda Nacional. La iniciativa exige respaldo 1:1, autorización previa de Banxico y reservas auditadas. Solo bancos e instituciones de pago electrónico podrían emitirlas. Con mayoría en ambas cámaras, el camino legislativo es favorable.
El 6 de mayo de 2026, el senador Alejandro Murat Hinojosa, integrante de la bancada de Morena, entregó formalmente la iniciativa AVE —Activos Virtuales Estables Referenciados en Moneda Nacional— al Senado de la República.
Es la propuesta de regulación cripto más ambiciosa presentada en México en una década: no crea una ley nueva, sino que moderniza el andamiaje legal existente reformando diez leyes en un solo decreto, incluyendo la Ley del Banco de México, la Ley Fintech, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, las leyes antilavado y el Código Penal Federal.
El texto define a los AVE como tokens digitales privados que mantienen paridad 1:1 con el peso mexicano y son convertibles a pesos en cualquier momento. La iniciativa es explícita en lo que no son: no tienen curso legal, no desplazan al peso, no forman parte de la base monetaria y no están garantizados por el IPAB. Son, en palabras del propio texto, “tubería privada con reglas públicas”.
Las reglas para el peso digital mexicano
La iniciativa establece cinco requisitos sin excepciones para cualquier emisor que quiera operar bajo el marco AVE. Primero, autorización previa del Banco de México antes de emitir. Segundo, respaldo íntegro 1:1 con activos líquidos elegibles: efectivo, depósitos en Banxico o bonos gubernamentales. Tercero, reservas segregadas del patrimonio del emisor y auditadas externamente. Cuarto, convertibilidad garantizada e inmediata a valor nominal en pesos. Quinto, prohibición explícita de modelos algorítmicos sin respaldo verificable.
Solo podrían emitir AVEs dos tipos de entidades: bancos como Banamex o BBVA, e instituciones de fondos de pago electrónico como Mercado Pago, Nu o Stori, siempre con autorización previa de Banxico.
La arquitectura de supervisión distribuye responsabilidades entre cuatro instituciones: Banxico como autoridad primaria sobre emisión, reservas y convertibilidad; la CNBV sobre operación, tecnología y ciberseguridad; la CONDUSEF sobre protección al usuario; y el SAT y la UIF en materia de prevención de lavado de dinero.
Las sanciones penales también están en el texto: entre cinco y quince años de prisión más multas de hasta 50.000 UMAs por emitir sin autorización, desviar reservas, falsear información sobre respaldo u obstruir la supervisión.
¿Por qué se propone esto ahora?
México está rodeado de marcos legales que ya existen. La GENIUS Act de Estados Unidos, aprobada en julio de 2025, dio a las stablecoins en dólares un marco federal claro. Brasil reguló las stablecoins a través de su banco central. El Salvador avanzó con su propio esquema. Sin reglas propias, México arriesga que el talento, el capital y el desarrollo de infraestructura financiera digital se desplacen hacia jurisdicciones con mayor certeza jurídica.
La iniciativa también recoge experiencias previas del mercado local. Desde 2021 y 2022, proyectos como MMXN de Moneta y MXNT de Tether intentaron posicionar el peso digital como herramienta de pagos cotidianos. La adopción masiva no llegó, en parte por la falta de certeza jurídica que ahora esta propuesta busca proporcionar.
USDT y USDC no desaparecen del mercado mexicano. Seguirán operando bajo el régimen de la Ley Fintech actual, ya que el foco del marco AVE es exclusivamente el peso mexicano. Sin embargo, la iniciativa establece que los emisores extranjeros que quieran operar bajo el nuevo esquema necesitarán autorización previa de Banxico, equivalencia regulatoria en su jurisdicción de origen, representante legal en México y cooperación efectiva con las autoridades locales.
Si la iniciativa se aprueba, México quedaría con tres categorías de pesos digitales potenciales coexistiendo: el peso digital del Banxico si y cuando se emita como CBDC, las stablecoins privadas reguladas bajo AVE, y los stablecoins extranjeros como USDC y USDT que seguirán circulando bajo el marco Fintech vigente.
El camino legislativo
La iniciativa fue entregada formalmente por escrito el 6 de mayo, aunque Murat no la mencionó durante su intervención en la sesión del Senado. Ahora pasa a revisión en comisiones, luego a discusión y votación en el Senado, y después debe transitar por la Cámara de Diputados antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Morena tiene mayoría en ambas cámaras, lo que le da al proyecto un camino legislativo favorable. Si se aprueba, los plazos de implementación serían de 180 días para que Banxico emita sus reglas, otros 180 días para CNBV y CONDUSEF, doce meses para las reglas antilavado de la SHCP y doce meses para que los emisores actuales soliciten autorización.