El Country Manager de Buda explicó ante empresarios y comunidad qué debe probar quien emite monedas estables. Su filtro es uno solo: el respaldo verificable.
Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda, sostuvo que una moneda estable no vale nada si nadie puede comprobar qué la respalda. Lo dijo en Bogotá, en el primer panel del evento cripto que Bitso, Binance, Buda y Ripio organizaron dentro de Colombia Tech Week.
La pregunta que abrió su intervención era práctica: qué debería cumplir un emisor, o una persona que hace circular estos activos. Su respuesta no pasó por el marketing del token ni por su tamaño de mercado.
“Tiene que tener un sistema que rectifique, valide y verifique el uno a uno”, resumió Beltrán. Cada unidad emitida debe corresponder a una unidad de respaldo, y ese respaldo debe poder auditarse.
La discusión llega en un momento incómodo para Colombia. El país no tiene una ley que regule los criptoactivos, y las empresas del sector operan sin un marco propio de cumplimiento. Ese vacío fue el eje del segundo panel del evento, con senadores y representantes a la Cámara.
¿De dónde salieron las stablecoins?
Beltrán empezó por el origen, y lo llamó una historia rara. La primera moneda estable nació en 2014 y llegó al mercado dos años después, contó, como respuesta a los cierres de cuentas bancarias que golpeaban a las plataformas de intercambio.
El proyecto que hoy se conoce como Tether arrancó ese año bajo el nombre Realcoin. Su emisora y las casas de cambio asociadas fueron perdiendo acceso a la banca corresponsal, un problema que se repitió durante años en todo el sector.
“Lo que hicieron fue tokenizar los dólares”, explicó Beltrán. La idea era esquivar los bloqueos del sistema SWIFT llevando el dólar a una red pública, donde ningún banco pudiera cortar la transferencia.
De ahí en adelante aparecieron variantes según qué las respalda. Beltrán describió tres familias: las garantizadas con moneda fiat, las garantizadas con criptoactivos y las algorítmicas.
En el segundo grupo citó a DAI, la moneda estable de MakerDAO, que replica el valor del dólar pero se sobrecolateraliza con criptoactivos. El tercer grupo cargó con el caso más grave del sector. Es UST, la stablecoin algorítmica del ecosistema Terra, que se desplomó en mayo de 2022 y arrastró unos 40.000 millones de dólares.
Auditar la reserva: la blockchain y la firma externa
El criterio de Beltrán no depende del tipo de colateral, sino de si existe una prueba verificable. Cada modelo, dijo, necesita demostrar la paridad uno a uno por algún mecanismo, y hay dos caminos.
El primero es la auditoría en cadena. Cuando las reservas viven en una blockchain pública, cualquiera puede revisar los saldos que respaldan la emisión sin pedirle permiso al emisor.
El segundo es la auditoría externa. Es el camino de Circle con USDC, una empresa licenciada en Estados Unidos cuyas reservas revisa una firma contable global. Ese informe es el que le dice al mercado que por cada 100 unidades emitidas hay 100 de respaldo.
Aquí Beltrán introdujo el matiz que casi nunca aparece en la conversación pública. Las reservas de las grandes monedas estables no son solo efectivo: están puestas en activos monetarios y en deuda soberana, sobre todo en bonos del Tesoro estadounidense.
USDT y USDC figuran entre los principales tenedores privados de deuda pública de Estados Unidos, señaló. Eso convierte a dos emisores privados en actores del mercado de deuda más grande del mundo.
Y ahí está el punto débil. “Si la deuda se estresa en algún momento, esas garantías no se pueden liquidar al 100%”, advirtió. El respaldo nominal sigue siendo uno a uno, pero convertirlo en dólares depende de un mercado que también puede fallar.
Tesorería, fronteras y una unidad que la gente entiende
La segunda parte de su intervención se movió del riesgo a la utilidad. Las monedas estables, argumentó Beltrán, terminaron cubriendo funciones que el sistema financiero tradicional no resolvió.
Enumeró tres: la interoperabilidad entre países, la gestión de tesorería de las empresas y la facilidad de entender el precio. Esa última es más importante de lo que parece para la adopción.
“A Bitcoin era muy difícil establecerle un valor, por qué vale 65.000”, dijo. “Mientras que estoy más familiarizado con que un dólar cuesta hoy en día 3.150 pesos”. Por eso ve a las monedas estables como la puerta de entrada al resto del ecosistema.
El argumento tiene peso regional. En Argentina y Venezuela, las stablecoins en dólares se usan como refugio frente a la inflación y a los controles de cambio. En varios países ya funcionan como riel de remesas.
Colombia va más lento, pero ya tiene emisión local: Wenia, la filial cripto de Bancolombia, lanzó COPW, una moneda estable atada al peso colombiano. La banca tradicional entró al negocio antes que el legislador.
Competencia monetaria: la lectura geopolítica
Beltrán cerró con una tesis de largo plazo, y la enmarcó como lectura, no como juicio. La tensión geopolítica actual, dijo, va a derivar en competencia monetaria abierta.
Los bancos centrales y los BRICS van a crear sus propias monedas digitales, o al menos van a incentivar la privatización del dinero. “No quiero establecer si es bueno o malo acá en esta discusión”, aclaró antes de seguir.
Su conclusión fue más concreta que la premisa. “Las stablecoins van a traer un nuevo paradigma de cómo interoperamos con el sistema financiero tal y como lo conocíamos antes”, afirmó.
Antes existía una captura del eje monetario por parte de la banca y de los principales bancos centrales, sostuvo. Hoy ese eje se disputa con monedas estables privadas y con la tecnología que las sostiene.
Para las empresas colombianas que quieran usarlas, el problema sigue siendo el mismo que abrió el panel. Sin ley cripto, la due diligence recae entera sobre quien recibe o envía el activo, y el filtro que propuso Beltrán es el más básico: pedir la prueba del respaldo.
Otros países de la región ya movieron esa carga al regulador. Brasil aprobó la ley 14.478 en 2022 y le entregó al Banco Central la supervisión del sector. Chile tiene su Ley Fintec, y Argentina exige a los proveedores de servicios de activos virtuales registrarse ante la CNV. Colombia todavía discute su primer proyecto.
