Martín Naranjo, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), presentó en el Blockchain Summit Latam un diagnóstico sobre la transformación digital del sistema financiero peruano. Su mensaje central: la innovación es bienvenida, pero sin marcos claros de coordinación institucional, genera riesgos de arbitraje que pueden desestabilizar el sistema.
El sistema financiero peruano ha vivido una transformación acelerada en la última década. La expansión de billeteras digitales, la irrupción de las fintechs, la consolidación del sistema de pagos inmediatos Yape y Plin, y más recientemente la discusión sobre open banking y activos digitales han reconfigurado el mapa competitivo de la industria financiera en el país.
Perú tiene hoy uno de los sistemas de pagos digitales de mayor adopción en América Latina en términos relativos, con millones de usuarios que realizan transacciones cotidianas a través de plataformas no bancarias. Ese crecimiento plantea oportunidades reales de inclusión financiera, pero también tensiones regulatorias que el sistema aún no ha terminado de resolver: ¿bajo qué reglas operan los nuevos actores?, ¿quién supervisa qué?, ¿cómo se garantiza que la innovación no genere ventajas asimétricas entre jugadores que hacen lo mismo pero con marcos legales distintos?
Esas preguntas fueron el hilo conductor de la presentación “Transformación Digital de la banca y la evolución del sistema financiero peruano”, de Martín Naranjo en el Blockchain Summit Latam 2026.
El arbitraje regulatorio: el problema central
Naranjo fue directo en identificar el riesgo más relevante de la transformación digital en la banca: la apertura de brechas de arbitraje que beneficien a quienes operan fuera del perímetro regulatorio tradicional sin que eso responda a una decisión de política deliberada.
“Muy importante no abrir brechas innecesariamente, especialmente brechas de arbitraje. Hay posibilidades de arbitraje regulatorio que tienen que eliminarse, pero tiene que estar muy claro el diseño”, señaló.
El ejemplo que usó fue preciso: el esquema de banking as a service, que permite a una empresa ofrecer servicios financieros usando la licencia de un banco sin tener licencia propia. “Eso genera una posibilidad de arbitraje”, advirtió. Y no solo regulatorio, sino también económico: una empresa que opera bajo ese esquema no necesita esperar dos años para desarrollar y lanzar su producto, mientras que un banco que solicita licencia propia sí lo necesita.
Naranjo también planteó una segunda dimensión del problema que suele quedar fuera de las discusiones sobre open banking y datos financieros: la monetización. Generar, mantener y transferir datos tiene costos reales —infraestructura tecnológica, operación permanente, mantenimiento— que no siempre están visibles en los marcos regulatorios que obligan a compartir esa información.
“¿Cómo se le pone precio a la transferencia de datos? ¿Cómo se monetiza? ¿Vamos a generar oportunidades de arbitraje económico? ¿Vamos a generar oportunidades de arbitraje regulatorio? ¿Cómo lo vamos a gestionar en el largo plazo y qué riesgos adicionales introduce?”, preguntó.
Son preguntas que muchos marcos de open banking en la región todavía no han respondido con claridad, y que en Perú siguen siendo parte de una discusión pendiente.
La coordinación institucional: dónde funciona y dónde no
El tramo más revelador de la presentación de Naranjo fue el que abordó la coordinación entre instituciones. Fue elogioso con la relación entre el Banco Central de Reserva del Perú y la Superintendencia de Banca y Seguros: “La coordinación entre el Banco Central y la Superintendencia es óptima, siempre ha sido así. Hablan el mismo idioma, se entienden muy bien, tienen las características técnicas para entenderse muy bien. Los acuerdos a los que llegan son estables, sin duda.”
Pero fue igualmente claro en señalar que esa coordinación no se replica en el resto del aparato estatal. En la medida en que la transformación digital del sistema financiero involucra no solo a reguladores financieros sino también a autoridades de datos, ministerios de justicia y organismos de protección al consumidor, la falta de coordinación entre esas instancias genera vacíos que pueden ser explotados o que simplemente dejan sin respuesta preguntas regulatorias fundamentales.
“¿Cómo vamos a gestionar esto desde la perspectiva de la autoridad de datos con el Ministerio de Justicia?”, preguntó sin respuesta inmediata.
Una lectura para el ecosistema latinoamericano
El diagnóstico de Naranjo trasciende el caso peruano. América Latina en general enfrenta el mismo desafío: construir marcos regulatorios para la innovación financiera digital que sean suficientemente flexibles para no ahogar el desarrollo, pero suficientemente coordinados para evitar que los nuevos actores operen en zonas grises que les otorguen ventajas no justificadas frente a la banca tradicional.
La transformación digital del sistema financiero no se gestiona solo con buena tecnología. Se gestiona con instituciones que hablen el mismo idioma, con reglas claras sobre quién supervisa qué, y con respuestas concretas a preguntas que hoy siguen abiertas: cómo se monetiza la apertura de datos, cómo se controla el arbitraje y cómo se coordina el gobierno del sistema cuando los actores involucrados ya no son solo los reguladores financieros de siempre.