El head of legal de Ripio desarmó en Bogotá dos ideas instaladas sobre el cripto. Sostuvo que la trazabilidad permite frenar una transferencia sospechosa antes de que salga.
Juan Pablo Salazar, head of legal de Ripio, abrió su turno con una afirmación incómoda para buena parte del auditorio. El mito más pesado que carga la industria, dijo, es que los criptoactivos existen para lavar dinero.
La escena fue el primer panel del evento cripto de ColombiaTechWeek, en Bogotá. Lo organizaron Bitso, Binance, Buda y Ripio, con apoyo de Chainalysis, Holland & Knight y la Universidad del Rosario. Moderó Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech.
Salazar no negó que exista delito en el sector. Su argumento fue de proporción y de método: el lavado también ocurre en efectivo y en cuentas bancarias, pero solo en blockchain queda registrado paso por paso.
“El mundo cripto es el único que permite hacer la trazabilidad desde el inicio hasta el final”, afirmó el abogado. “Si usted quiere rebobinar una transacción, lo puede hacer”.
Ese registro público es lo que sostiene el resto de su planteo. Las herramientas de análisis on-chain (sobre la propia cadena de bloques) reconstruyen el recorrido completo de los fondos, según describió.
“Es ver toda la araña: para dónde van los recursos, quién los tiene, cuántos saltos han dado, cómo se pueden congelar en tal billetera”, enumeró Salazar. El abogado contó que explicó ese mismo trabajo a integrantes de las fuerzas militares la semana previa al evento.
¿Qué tan grande es la porción ilícita del mercado cripto?
Salazar citó el último reporte de Chainalysis y ubicó por debajo del 0,5% la proporción de activos digitales asociada a actividades ilícitas. La firma de análisis blockchain, que apoyó el evento, tuvo presencia propia en el tercer panel de la jornada.
El informe 2026 de Chainalysis sitúa la actividad ilícita por debajo del 1% del volumen total atribuido de transacciones en criptoactivos. En valores absolutos, las direcciones ilícitas recibieron al menos 154.000 millones de dólares durante 2025.
Esa cifra creció 162% frente a los 57.200 millones del año anterior, según el mismo informe. La empresa también reportó un salto de 694% en el volumen vinculado a evasión de sanciones por parte de actores estatales.
Los dos datos conviven y explican por qué el debate regulatorio sigue abierto. El porcentaje sobre el total se mantiene bajo, pero el monto absoluto y la sofisticación de los actores aumentan año tras año.
¿Cómo se bloquea una transferencia antes de que salga?
La parte más concreta de la intervención fue operativa. Salazar describió un control preventivo que corre antes de que el usuario complete el envío de fondos.
“Si una persona intenta enviar un bitcoin o un dólar digital a otra billetera externa que tenga un nivel de riesgo, nosotros inmediatamente la detectamos”, explicó. “Podemos bloquear la transacción y evitar el riesgo”.
El mecanismo se apoya en el análisis de riesgo de la dirección de destino. Cada billetera arrastra su historial en la cadena, y ese historial permite clasificarla antes de que el dinero se mueva.
Salazar señaló que los bancos ya empezaron a contratar ese tipo de plataformas. A su juicio, aplicar ese nivel de control en el sistema financiero tradicional reduciría el riesgo de que las transacciones terminen en actividades ilícitas.
Es un punto que la industria cripto suele plantear frente a los reguladores. En el sistema bancario, el rastreo de un giro depende de que cada entidad de la cadena entregue su información; en blockchain, el recorrido ya está publicado.
El segundo mito: ¿el cripto va a acabar con los bancos?
La respuesta de Salazar fue directa: no. “No vamos a acabar el mundo tradicional financiero, porque es un complemento. Necesitamos el banco, necesitamos el sistema financiero tradicional”, sostuvo.
El abogado se apoyó en la etimología para explicar de qué se trata la competencia real. La palabra banca nace en la Italia medieval, del banco o mesa desde donde se prestaba en la calle; cuando la autoridad rompía esa mesa, el prestamista quedaba en bancarrota.
Lo que cambió, dijo, es el horario y el costo. Las redes blockchain liquidan operaciones las 24 horas de los 7 días de la semana, sin depender de los ciclos de compensación bancarios.
“Podemos hacer pagos 24 horas, 7 días a la semana, con los costos totalmente disminuidos de lo que existe en el mercado financiero tradicional”, afirmó.
Su lectura del reparto es de capas. La banca seguirá operando la infraestructura mayorista, mientras la capa minorista se fragmenta en cientos de servicios y billeteras que compiten por el usuario final.
Del gota a gota al contrato inteligente: el ángulo colombiano
El caso de uso que Salazar puso sobre la mesa apunta a un problema propio de Colombia. Mencionó las finanzas descentralizadas (DeFi, crédito y ahorro gestionados por código en vez de por una entidad) como alternativa al préstamo informal.
“Yo tengo un excedente de 100.000 pesos, lo pongo en un contrato inteligente, ese contrato inteligente se presta y recibo mis beneficios, pero todo de manera transparente”, describió. Con ese esquema, agregó, “podríamos acabar con el gota a gota”.
El gota a gota es el crédito informal cobrado día por día, con tasas muy por encima del tope legal. Un análisis difundido en enero de 2025 calculó que cobra más de diez veces la tasa de usura a las personas y casi 22 veces a las empresas.
La brecha de acceso explica la demanda. Según datos de Colombia Fintech, solo cerca del 35% de los colombianos accede a crédito formal, un vacío que empuja a hogares y microempresas hacia el prestamista de barrio.
El planteo de Salazar es una hipótesis de sustitución, no un resultado medido. El crédito DeFi exige sobrecolateralizar el préstamo con criptoactivos, algo que deja fuera justamente a quien no tiene activos para dar en garantía.
Lo que falta: la norma que todavía no llega
Salazar cerró con un pedido dirigido al ecosistema local. Reclamó que la tecnología “permita que los emprendedores colombianos la usen” y que los casos de uso probados afuera se traigan al país.
Ese traslado depende de una regulación que Colombia aún no tiene. El propio evento dedicó su segundo panel a la ley cripto, con senadores y representantes a la Cámara, y el proyecto impulsado por el Ejecutivo sigue sin radicarse.
El contraste regional es claro. Brasil regula a los proveedores de servicios de activos virtuales con la ley 14.478 y Chile los incorporó a su Ley Fintec. Argentina, por su parte, exige inscripción en el registro de PSAV de la Comisión Nacional de Valores.
Ripio llega a esa discusión como uno de los actores regionales con más recorrido. La compañía superó los 24 millones de usuarios en América Latina y puso el foco de su operación colombiana en los servicios para empresas.