Qué implica para el sector cripto.
Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado por el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, adelantó una reforma tributaria que reduciría de 15 a 3 los gravámenes que recauda la DIAN —Renta, IVA e IVA externo—, sumaría un pacto de estabilidad fiscal por una década y un proyecto de ley enfocado en capital extranjero, en un país donde la inversión cayó al 17 % del PIB.
El anuncio llega en plena transición de gobierno y toca de lleno las demandas del ecosistema fintech y cripto colombiano: reglas claras y previsibles.
De 15 tributos a solo tres
En entrevista con Portafolio, Gómez sostuvo que Colombia arrastra un “problema estructural” y que la salida es una reforma “sistémica”, orientada a simplificar el estatuto y hacerlo más fácil de controlar. A su juicio, el régimen vigente es tan enrevesado que solo favorece a los asesores tributarios, mientras se convierte en un dolor de cabeza para el contribuyente común.
La propuesta central es contundente: de los 15 tributos que hoy administra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quedarían apenas tres —el impuesto de Renta, el IVA y el IVA externo (el que grava las importaciones)—. La meta declarada es recortar la complejidad del sistema y facilitar la fiscalización.
El ministro designado atribuyó el bajo recaudo del país —en torno al 17 % del PIB— a niveles de evasión que, según sus estimaciones, alcanzarían el 35 % en el IVA y el 40 % en el impuesto de renta; por eso plantea la simplificación como la herramienta principal para cerrarle espacio a la elusión.
En paralelo, enmarcó la reforma como una manera de “soltar el torniquete” que, según dijo, asfixia al sector productivo, con el fin de estimular una inversión que se desplomó a mínimos históricos equivalentes al 17 % del PIB. En esa línea, adelantó que prepara un proyecto de ley específico para atraer capital extranjero.
Anticipos, estabilidad y choque con el gobierno saliente
El funcionario designado apuntó en particular contra los anticipos de impuestos sobre ventas que aún no se concretan, como las autorretenciones.
A su juicio, ese mecanismo golpea el flujo de caja de las empresas y, paradójicamente, termina reduciendo el recaudo: cuando los recursos ingresan a la DIAN, parte de los contribuyentes ya no paga.
“Nuestro Estado es tan voraz que primero le retiene a la gente. Y ahora hemos ido un paso adelante con los anticipos, como si uno supiera cuáles van a ser las ventas”, afirmó.
Para combatir la incertidumbre jurídica que, según él, genera reformar el sistema cada año y medio, propuso además un pacto de estabilidad tributaria: el compromiso de que las reglas fiscales no cambiarían durante diez años, de modo que las empresas cuenten con un horizonte de planeación financiera real.
El tono también fue político. Gómez calificó de “el colmo del descaro” que la administración de Gustavo Petro planteara radicar una reforma tributaria de $30 billones sobre el cierre de su mandato —“ellos dilapidan y nosotros pagamos”, cuestionó— y adelantó un congelamiento del gasto público vía decreto el mismo 7 de agosto, día de posesión del nuevo gobierno, para que el presupuesto del próximo año crezca por debajo de la inflación en términos reales.
Qué significa para el ecosistema fintech y cripto de Colombia
Aunque la propuesta no menciona activos digitales, su trasfondo toca de cerca al sector Web3 y fintech del país. Dos de sus banderas —estabilidad regulatoria por una década y una ley pensada para atraer capital extranjero— coinciden con lo que gremios y empresas del ecosistema vienen reclamando para operar con seguridad jurídica.
El vínculo no es abstracto. Días atrás, la asociación Colombia Fintech —que agrupa a compañías de tecnología e innovación financiera— defendió la legitimidad del gobierno electo apelando justamente a la necesidad de “mantener la confianza, atraer la inversión y garantizar el desarrollo económico”.
Un marco tributario más simple y predecible es, en la práctica, el tipo de terreno sobre el que los exchanges (plataformas de intercambio de criptomonedas), las pasarelas de pago y los proyectos de tokenización evalúan si expandirse o no en un mercado emergente.
Falta el detalle fino: ningún documento oficial precisa aún cómo tributarían las ganancias por criptoactivos ni si la simplificación abarcaría la actividad del sector. Por ahora la reforma es una hoja de ruta anunciada, no un articulado radicado. Para la región —donde Colombia compite con Argentina, Brasil y México por atraer inversión cripto—, el rumbo fiscal que tome Bogotá será una señal a vigilar.