La publicación de la declaración financiera de Donald Trump desata una nueva disputa ética en Washington.
La senadora demócrata por Nueva York, Kirsten Gillibrand, reactivó su propuesta legislativa para prohibir la emisión y el patrocinio de memecoins y otros criptoactivos por parte del presidente de Estados Unidos, los miembros del Congreso y sus cónyuges.
La iniciativa surge tras la publicación de la declaración financiera de Donald Trump, la cual reveló ingresos superiores a los 1,400 millones de dólares en el sector de activos digitales durante 2025.
El informe de 927 páginas, emitido por la Oficina de Ética Gubernamental (OGE), detalla que la mayor parte de estas ganancias individuales —unos 636 millones de dólares— provino directamente de la memecoin bajo su licencia oficial, TRUMP, gestionada por CIC Digital LLC. Por su parte, la primera dama Melania Trump reportó ingresos por 6 millones de dólares mediante el lanzamiento de su propia memecoin y coleccionables en formato NFT.
Mientras Trump defendió públicamente su patrimonio cripto argumentando que responde al crecimiento generalizado de los mercados, el token TRUMP cotiza actualmente alrededor de los 1.80 dólares. Esto representa un desplome superior al 97% desde su máximo histórico de 73.43 dólares, alcanzado pocos días después de su lanzamiento en enero de 2025.
Presión por reformas éticas en Washington
La actividad financiera del mandatario ha intensificado las alertas sobre posibles conflictos de interés dentro del sector público. Voces críticas dentro del ámbito económico, como el economista Peter Schiff, calificaron estos activos como “sobornos legales” diseñados para comprar acceso político directo al poder ejecutivo.
En respuesta, Gillibrand remarcó a través de un comunicado que evitar que los funcionarios públicos moneticen sus cargos mediante la emisión de memecoins es una reforma ética de sentido común que debería contar con un respaldo bipartidista.
La senadora es una de las principales candidatas a impulsar la ley End Crypto Corruption Act, presentada en mayo de 2025 junto al senador Jeff Merkley, la cual busca restringir de forma total que altos cargos del gobierno federal y sus familiares directos puedan respaldar o crear activos digitales.
El dilema familiar de Gillibrand pone a prueba su discurso
A pesar de su ofensiva ética, la postura de la senadora también enfrenta duros cuestionamientos en Washington. Recientemente se informó que su hijo de 22 años, Theodore Gillibrand, recaudó 30 millones de dólares en una ronda de financiamiento liderada por Lux Capital para su startup American Perpetuals Exchange Corp (APEC), alcanzando una valoración de 300 millones de dólares.
Aunque la empresa planea buscar aprobación de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) para listar futuros perpetuos sobre acciones tradicionales y no sobre criptomonedas, las críticas no se hicieron esperar.
Diversos usuarios y analistas en redes sociales recordaron que la senadora formó parte del Comité de Agricultura del Senado —el cual supervisa directamente el mercado de derivados— hasta el año pasado, enturbiando el discurso de transparencia de la legisladora.
Este debate ético se intensifica en un escenario donde la industria cripto ha invertido cerca de 189 millones de dólares para el ciclo electoral de 2026. Con los republicanos controlando ambas cámaras del Congreso, las próximas semanas serán clave para ver si estas reformas logran entrar en las negociaciones reales sobre la estructura del mercado financiero digital.