Un juzgado de Bogotá aceptó una demanda colectiva contra varias entidades bancarias por no implementar la exención del 4×1000 ordenada por ley desde diciembre de 2024. Nu Colombia ya tomó cartas en el asunto.
Un juzgado civil de Bogotá aceptó una demanda colectiva contra varios bancos colombianos por no implementar a tiempo una exención del 4×1000 que la ley ya ordenó desde diciembre de 2024.
Los bancos no implementaron la exención. Y la siguieron cobrando. El juzgado séptimo civil del circuito de Bogotá acaba de aceptar una demanda colectiva contra varias entidades bancarias del país por exactamente eso, según el medio Portafolio.
Ley incumplida, demanda aplicada
El 4×1000 es un impuesto colombiano, que consiste en un descuento por cada transacción hecha. Es decir, por cada mil pesos movidos, cuatro pesos van hacia el estado .
La acción judicial sostiene que los bancos no automatizaron la exención del 4×1000 conforme a lo dispuesto en la Ley 2277 de 2022 y continuaron cobrando el impuesto en casos en que ya no correspondía legalmente. Al aceptar la demanda, el juzgado séptimo civil del circuito de Bogotá abre la puerta a que un juez determine si hubo cobros indebidos y ordene restituciones.
La ley dicta que cierta cuentas de ahorro y cuentas de bajo monto que cumplan con los requisitos definidos por la DIAN y la la Superintendencia Financiera, las transferencias entre cuentas del mismo titular dentro de la misma entidad bancaria, y operaciones hasta un tope mensual de 17,4 millones de pesos, estaban exentas de pagar el impuesto.
Antes de la demanda, la entidad Nu Colombia fue la que puso sobre la mesa este problema. Argumentando que el mandato 4×1000 llega a costarles a los ciudadanos, alrededor de 800.000 pesos anuales.
¿Qué es el 4×1000?
El Gravamen a los Movimientos Financieros existe en Colombia desde hace décadas y es uno de los impuestos con mayor impacto cotidiano sobre los ciudadanos porque se aplica en cada transacción: retiros, transferencias, pagos. La tasa es del 0,4% del valor de la operación, lo que equivale a cuatro pesos por cada mil pesos movilizados.
El detalle a tener en cuenta es que, si bien el dinero es recaudado por los bancos, es el gobierno el destinatario de ese impuesto. Y se utiliza para financiar programas sociales, de seguridad y de salud. Sin embargo, su diseño provocó que los usuarios no deseen mover dinero entre bancos para evitar el cobro, reduciendo la competencia y la movilidad financiera. La exención aprobada en 2022 buscaba corregir exactamente eso.
Conclusión
Este caso evidencia cómo un pequeño error del Estado puede representar un grave perjuicio para su población, más cuando se trata de dinero. Queda por ver si este error fue algo que sucedió desde un descuido, o si se aprovechó de que no había límites con consecuencias reales.