Colombia es el quinto mercado cripto de la región y suma más de cinco millones de usuarios. El Estado ya exige reportes fiscales, pero no regula custodia ni solvencia.
Colombia recibió USD 44.200 millones en criptoactivos entre julio de 2024 y junio de 2025. Con esa cifra el país se ubica como el quinto mercado de América Latina, detrás de Brasil, Argentina, México y Venezuela. El dato proviene del más reciente informe de coyuntura del Banco de Occidente y la ANIF, reportado por Bloomberg Línea el 1 de octubre.
Se estima que más de cinco millones de colombianos operan con estos activos. El mercado ya no es un nicho. Sin embargo funciona sin reglas de juego claras para quien compra, custodia o intermedia.
El informe describe una asimetría regulatoria. El Estado avanzó en control tributario, pero no construyó garantías sobre custodia de activos, solvencia de plataformas o forma de operación. En la práctica, la DIAN sabe cada vez más sobre quién tiene cripto y cuánto mueve. El usuario sigue sin protección si una plataforma quiebra, pierde fondos o actúa de forma irregular.
Existe un proyecto de ley construido con el Banco de la República, Fogafín, la Unidad de Regulación Financiera (URF), la DIAN y la Fiscalía. La propuesta crea un régimen de entidad especializada y un sandbox supervisado (espacio controlado de pruebas para nuevos modelos). La iniciativa aún no inicia su trámite en el Congreso.
Ese proyecto del Gobierno es distinto del que ya se archivó. El Proyecto de Ley 510 de 2025 Cámara buscaba regular a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) (empresas que intercambian o custodian cripto). Fue radicado el 25 de febrero de 2025, pasó dos debates y terminó archivado por tránsito de legislatura.
Lo que sí rige: impuestos e información, sin licencia de operación
Desde el año gravable 2026 la DIAN exige reportar tenencia y operaciones con criptoactivos. La obligación nació con la Resolución 000240 del 24 de diciembre de 2025, que adoptó el Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF) (estándar de intercambio de información fiscal de la OCDE). Los proveedores cobijados deben recopilar datos de clientes y operaciones. El primer envío está previsto para mayo de 2027.
Ese esquema no crea un impuesto nuevo. En el Concepto 5146 del 26 de junio de 2026 la DIAN aclaró que Colombia no tiene una definición tributaria especial de criptoactivo. Tampoco fijó una base o un método exclusivo para valorarlo. Para patrimonio, costo fiscal e ingresos por ventas se aplican las reglas generales del Estatuto Tributario.
Tampoco existe una licencia para operar como proveedor. Desde abril de 2022 la Resolución 314 de la UIAF exige reportar operaciones sospechosas y enviar reportes mensuales. Ese control apunta a lavado de activos y financiación del terrorismo. No equivale a una autorización de funcionamiento.
La Superintendencia Financiera reiteró que no regula, supervisa, avala ni autoriza negocios basados en criptoactivos. Así lo recogió Portafolio en agosto. Una empresa puede cumplir ante la UIAF y la DIAN sin estar sujeta a reglas sobre reservas, segregación de fondos de clientes o respuesta ante quiebra.
Un mercado grande en una región que sí avanza
El Banco de Occidente identifica 10 países de la región con algún marco formal. Colombia mueve un volumen comparable al de Venezuela y aún discute su punto de partida. Con el archivo del PL 510, el debate es si se presenta otra iniciativa y quién vigilará.
La escala regional ayuda a dimensionar el rezago. Según el Geography of Cryptocurrency Report de Chainalysis citado en el informe, Brasil lidera con USD 318.800 millones recibidos. Siguen Argentina con USD 93.900 millones y México con USD 71.200 millones. Venezuela supera a Colombia por poco con USD 44.600 millones. Chile cierra con USD 23.800 millones.
La composición del flujo también cambió. En Brasil más del 90% de los movimientos está ligado a stablecoins. En Argentina esa proporción supera el 60%. El uso va más allá de la especulación y apunta a pagos, ahorro en dólares digitales y transferencias.
América Latina fue la segunda región de mayor expansión, con un crecimiento cercano al 60% en volumen. La ANIF sostiene que la claridad normativa atrae actividad en lugar de expulsarla.
El patrón clásico también se rompió. Durante una década el dinero entraba al ritmo del bitcoin. En 2026 ese vínculo se soltó, con el bitcoin bajo su máximo de 2025. Aun así el mercado crece.
El proyecto del Gobierno sigue sin radicarse. Está en manos de Hacienda y no tiene fecha. Según detalló DiarioBitcoin en marzo, trata los activos como representaciones y no como moneda. La Superfinanciera supervisaría y el BanRep tendría un rol clave en stablecoins.
Parte de la industria critica el hermetismo del proceso. Mauricio Tovar, cofundador de Tropykus, advirtió que el texto se armó sin diálogo amplio y podría resultar restrictivo. El excongresista Mauricio Toro pidió volver al Congreso con evidencia y una ley que no dependa de la banca tradicional. Esas voces muestran que el punto en disputa no es si regular, sino cómo hacerlo sin frenar la innovación.