El regulador de EE. UU. impulsa una profunda reforma que abarca desde la custodia de asesores de inversión hasta la adecuación de las normas de intermediarios financieros para el entorno cripto.
En un giro estratégico hacia la claridad normativa, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) publicó su Agenda Regulatoria 2026. El documento contempla un conjunto integral de normativas específicas para el sector de los activos digitales, cuyas propuestas de reglas formales comenzaron a implementarse a partir de julio de 2026.
Bajo la dirección de Paul S. Atkins, actual presidente de la SEC, la institución busca modernizar el marco existente para adaptarlo a las realidades tecnológicas contemporáneas, con especial foco en la emisión y el comercio de valores tokenizados que operan de forma nativa onchain (en cadena).
La iniciativa marca un distanciamiento respecto al histórico enfoque de regulación mediante acciones de cumplimiento que caracterizó a la administración anterior de la comisión. De acuerdo con el nuevo plan de trabajo, la División de Finanzas de Corporaciones sugirió la introducción de exenciones específicas y safe harbors (puertos seguros), diseñados para facilitar la formación de capital y acomodar la innovación de mercados sin comprometer el acceso a información oportuna y suficiente por parte de los inversores para la toma de decisiones financieras.
Adaptación de reglas operativas para intermediarios y la custodia institucional
La reforma impactará fuertemente la infraestructura de los intermediarios regulados a través de las propuestas de la División de Mercados y Negociación, que busca extender las directrices financieras clásicas de los broker-dealers (corredores de bolsa) hacia los activos digitales.
En detalle, se impulsan enmiendas a las Reglas 15c3-1 y 15c3-3, orientadas a exigir que los corredores mantengan activos líquidos mínimos y prohibirles taxativamente el uso del efectivo o títulos de sus clientes para financiar operaciones propias de las firmas. Asimismo, se adaptarán las Reglas 17a-3 y 17a-4, obligando a documentar controles de riesgo diarios y retener comunicaciones electrónicas relativas a criptoactivos hasta por seis años.
Por otro lado, la División de Gestión de Inversiones abordará una de las mayores demandas del ecosistema institucional: la actualización de los criterios de custodia para los fondos y asesores de inversión.
Ante las reiteradas dudas del sector privado sobre cómo resguardar de forma conforme las criptomonedas, las nuevas directrices buscarán eliminar cargas burocráticas y disposiciones obsoletas que ya no se alinean con las prácticas modernas de seguridad criptográfica y almacenamiento digital, proporcionando un entorno seguro para atraer capital regulado hacia productos financieros estructurados a nivel local.