Chile votó de madrugada la reforma que promete atraer capital extranjero. Pasó por 26 a 24, con acuerdos rotos y reservas de constitucionalidad.
A las 2:40 de la madrugada del jueves 16 de julio de 2026, el Senado de Chile terminó de votar en particular la megarreforma tributaria. Es el paquete que el Gobierno presentó como proyecto de reconstrucción. El oficialismo tenía asegurados sus 26 votos. La oposición nunca pasó de 24 en contra.
La votación se hizo artículo por artículo. La sesión partió pasadas las tres de la tarde del miércoles, pero el debate demoró horas en arrancar por diferencias sobre el orden de las votaciones. Quedaron fuera solo las normas sin indicaciones o sobre las que nadie pidió votación separada.
El corazón del texto es la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría (IDPC), el tributo que pagan las utilidades de las empresas. Baja del 27% al 23%: 25,5% en 2027, 24% en 2028 y 23% permanente desde el año comercial 2029. Se aprobó por 26 votos a favor y 24 en contra.
Junto a esa rebaja, la reforma crea un régimen de invariabilidad tributaria, un contrato por el cual el Estado congela las condiciones impositivas de una inversión durante un plazo fijo. Serán 10 años para inversiones de 50 millones de dólares, 15 años entre 50 y 350 millones, y 20 años sobre ese monto.
Quien se acoja a la invariabilidad pagará una tasa corporativa de 1,5%. La norma pasó por 26 votos a favor, 23 en contra y la abstención del senador Pedro Araya. En varios artículos la oposición hizo reserva de constitucionalidad, el aviso formal de que recurrirá al Tribunal Constitucional.
El proyecto no queda promulgado. Vuelve a la Cámara de Diputados para su tercer trámite, con discusión inmediata.
¿Por qué se rompió el acuerdo por la invariabilidad tributaria?
El quiebre tiene nombre y cifra. Los senadores PPD Loreto Carvajal y Ricardo Celis habían cerrado un acuerdo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre la invariabilidad. Retiraron su respaldo cuando supieron que el titular de Hacienda compensaría a las empresas con una rebaja del impuesto corporativo al 22%.
Pedro Araya, que se abstuvo, explicó su salida del acuerdo durante el debate. Dijo que las negociaciones con el Gobierno permitieron “llegar a una propuesta mucho mejor”, pero que lo ocurrido con el ministro le impidió concurrir con su voto.
El senador descartó una maniobra deliberada. Estimó que no hubo una “mala fe del ministro de Hacienda, creo que probablemente se debió a su impericia, a no conocer cómo funciona el sistema parlamentario”.
Su reproche apunta a un dato que, sostiene, nunca estuvo sobre la mesa. “Él no nos indicó una condición que era esencial, saber cuál era la tasa del impuesto corporativo. Como nosotros no estuvimos en conocimiento de que esto iba a ser el 22%, lamentablemente nos bajamos de este acuerdo”, aseveró.
Araya negó presiones externas. “No porque tengamos miedo o porque haya una aprensión con la izquierda que nos está presionando. A título personal, es porque creo que cuando uno hace políticas públicas tiene que mostrar todas las cartas arriba de la mesa”, cerró. El acuerdo cayó, pero la norma se aprobó igual: al oficialismo le bastaban sus 26 votos.
Contribuciones, gastos ambientales y las indicaciones que sí pasaron
La norma más transversal de la jornada fue el nuevo cálculo del impuesto territorial. Exime del pago de contribuciones a los mayores de 65 años propietarios de su primera vivienda. Se aprobó por 28 votos, con el respaldo del PPD Pedro Araya y del independiente Karim Bianchi.
Esa exención tiene contrapartida fiscal. El Senado aprobó una compensación al Fondo Común Municipal (FCM), el mecanismo que redistribuye recursos entre municipios ricos y pobres, equivalente a 1 millón 500 mil UTM.
El artículo más resistido fue otro: la restitución de gastos a las empresas cuyos proyectos fueron revocados en una Resolución de Calificación Ambiental. Varios senadores de oposición sostuvieron que la medida “es única en el mundo, absolutamente irregular y con fallas jurídicas evidentes”. Se aprobó por 26 a 24.
También pasó una reintegración gradual del sistema tributario, con implementación total prevista para el año tributario 2031. Se suma la franquicia Sence: las empresas de primera categoría podrán descontar del impuesto a la renta hasta un 0,7% de su planilla anual de remuneraciones destinada a capacitación.
La oposición anotó puntos propios. Prosperó una indicación del Frente Amplio, del primer trámite, que termina con la obligación exclusiva de entregar sala cuna para las empresas con 20 o más mujeres. También pasó una norma que prohíbe el cobro de interés sobre interés.
Sobre ambas, el ministro Quiroz hizo reserva de constitucionalidad. Su argumento: no responden a las ideas matrices del proyecto, el requisito de que toda indicación se relacione con el asunto original de la iniciativa.
El derecho al olvido financiero: los datos de deuda entran en la discusión
La indicación más ajena al eje tributario del proyecto la firmó la senadora socialista Daniella Cicardini y fue aprobada en la Comisión de Hacienda. Regula el llamado derecho al olvido: la facultad de exigir que se borre información financiera personal de los registros de deudores.
El texto alcanza a “los responsables del tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial”. Esos responsables deberán eliminar los datos sobre deudas impagas o extinguidas de personas naturales. La eliminación corre para sus registros internos y para lo que comunican a terceros.
La norma se activa cuando la deuda “se hubiere hecho exigible o se hubiere extinguido”. Quiroz volvió a hacer reserva de constitucionalidad, porque la materia no estaba en el proyecto original. La objeción es de forma, no de fondo, y anticipa una posible pelea en el Tribunal Constitucional.
El punto interesa más allá de Chile. Los historiales crediticios son la materia prima de la banca tradicional. También lo son de buena parte de las fintech y de los proyectos de identidad digital que operan en la región. Definir cuándo un dato de deuda debe desaparecer fija los límites de esos modelos.
Es, además, el terreno donde la discusión regulatoria latinoamericana se cruza con la cripto. Las pruebas de conocimiento cero (ZKP) permiten acreditar un hecho sin revelar el dato que lo sustenta. Se ofrecen justamente como respuesta a esa tensión entre verificar y exponer.
Qué mira América Latina en la reforma chilena
La invariabilidad tributaria es la pieza que trasciende la frontera. Un Estado que congela reglas impositivas por hasta 20 años compite por capital con el resto de la región. Ocurre en un momento en que la demanda de energía, minerales y centros de datos redefine dónde se instala la infraestructura digital.
Chile llega a esa competencia con activos concretos: litio, cobre, radiación solar en el norte y una red eléctrica que ya atrae proyectos de cómputo intensivo. La minería de criptomonedas y los centros de datos de inteligencia artificial se deciden, en buena parte, por el precio de la energía y la estabilidad de las reglas.
El costo fiscal es la otra cara y fue el argumento central de la oposición. La senadora del Partido Comunista Claudia Pascual afirmó que las normas aprobadas van a “permitir recaudar menos y no hay compensaciones estructurales”.
“Es bien triste este día. Estamos a las puertas, porque se sabe ya cuáles son los votos, de aprobar temáticas tremendamente complejas y regresivas para el Estado de Chile. Este es el día negro de las arcas fiscales. Vamos a retroceder”, sostuvo.
El senador de la UDI Javier Macaya contestó desde la vereda opuesta. Dijo entender el planteamiento de Pascual: “Entiendo que desde su visión política pueda existir desconfianza frente a las herramientas que estamos impulsando”.
El gremialista leyó la jornada al revés. Para él, “este no es un día triste, es un día de esperanza, es el día en que Chile comienza a entender la diferencia entre el estancamiento y el crecimiento”.
¿Qué pasa ahora con la megarreforma?
El proyecto vuelve a la Cámara de Diputados para su tercer trámite. Los diputados deberán revisar los cambios que introdujo el Senado, y la discusión inmediata acorta los plazos de ese examen.
De ahí salen dos caminos. Si la Cámara ratifica las modificaciones, la norma queda en condiciones de ser promulgada como ley. Si las rechaza, habrá que formar una comisión mixta, la instancia con senadores y diputados que zanja las discrepancias entre ambas cámaras.
Queda pendiente un tercer escenario. Las reservas de constitucionalidad de la oposición habilitan a recurrir al Tribunal Constitucional una vez despachado el proyecto. Lo mismo vale para las que hizo el propio ministro Quiroz sobre las indicaciones opositoras.
El calendario de la rebaja empresarial marca el resto. Si la ley se promulga con el texto del Senado, la primera baja del IDPC llega en 2027, con la tasa en 25,5%. El 23% definitivo recién opera desde el año comercial 2029, ya con otro gobierno en La Moneda.
Hasta entonces, la megarreforma es un texto aprobado por una cámara y con el otro trámite abierto. El primer artículo, el de la reconstrucción de las regiones afectadas por los incendios, fue el único que se votó por unanimidad. Todo lo demás pasó por márgenes de dos votos.