El jefe de política de Coinbase dijo que la reserva es prioritaria en su diálogo con las agencias mientras la Cámara avanzó un proyecto que la blindaría por 20 años.
Faryar Shirzad, jefe de política (Chief Policy Officer) de Coinbase, dijo que la Reserva Estratégica de Bitcoin sigue como prioridad en el diálogo con las agencias federales. Lo afirmó en una entrevista con Bitcoin Magazine publicada el 20 de septiembre de 2026. El recorte difundido en X resume su frase: es prioridad en el diálogo con las agencias.
La entrevista es un balance del traspié legislativo de la semana. El Senado tumbó la ley CLARITY el 15 de septiembre por 49 votos contra 50. Shirzad atribuyó el freno al calendario electoral tardío y a una campaña de grandes bancos que cifró en unos USD 200 millones. Esa cifra es su afirmación, no un dato auditado.
El matiz importa porque CLARITY y la reserva son carriles distintos. CLARITY reparte la supervisión del mercado entre la SEC y la CFTC. La reserva decide qué hace el Estado con el bitcoin que ya decomisó. Una puede frenarse sin que la otra muera.
En el carril de la reserva hubo movimiento concreto. El Comité de Servicios Financieros de la Cámara aprobó el 16 de septiembre la American Reserve Modernization Act (H.R. 8957) por 28 votos contra 21. El texto adoptó una enmienda sustitutiva del representante Bryan Steil. El paso es de comité y no ley vigente.
El proyecto ordena al Tesoro crear en 180 días la Reserva Estratégica de Bitcoin y un Depósito (Stockpile) separado para otros activos digitales. Obliga a conservar el bitcoin de la reserva por 20 años sin venderlo ni gravarlo.
Exige inventario de agencias en 60 días, prueba de reservas criptográfica (reporte público que demuestra control de las claves) anual con auditor independiente y vigilancia del Contralor. Pide además un estudio en 180 días sobre compras neutras para el presupuesto (sin deuda ni impuestos nuevos), que no autoriza compras por sí solo.
La base ya existe por decreto: la Orden Ejecutiva 14233 de marzo de 2025 creó la reserva con bitcoin decomisado y ordenó no venderlo. Una ley la blindaría frente a un futuro presidente, que sí puede revertir un decreto. Aun así, el proyecto debe pasar el pleno de la Cámara, el Senado y la firma presidencial. El Congreso actual termina en enero.
Qué dijo Coinbase y qué no está probado
Shirzad describió una estrategia de tres carriles: ley, regulación y coordinación internacional. Dijo que cada Congreso luce más pro cripto por los 60 a 70 millones de estadounidenses con cripto. También trasladó el foco a la SEC, la CFTC y los reguladores bancarios. El portal AInvest resume que Coinbase discute el marco con el Tesoro y Comercio.
Conviene leer “negocia” con cuidado. Ninguna fuente primaria muestra un acuerdo ni una compra. Lo verificado es diálogo y prioridad declarada, más un proyecto de ley en comité. Esa relación de custodia vía Coinbase Prime desde 2024 no equivale a decidir la política de reserva, como explicó Decrypt sobre esos movimientos.
La escala ayuda a dimensionar. Datos en cadena atribuyen al gobierno unos 324.527 bitcoin, cerca de USD 24.800 millones y 1,5% del suministro final. Son monedas reunidas sobre todo por decomisos, no por compras. Si la ley las inmoviliza 20 años, salen de la oferta circulante potencial.
El freno de CLARITY fue procesal. La votación de cierre (cloture, paso que termina el debate y requiere 60 apoyos) quedó en 49 contra 50. Shirzad habló de una campaña bancaria de USD 200 millones como lastre. Algo que, de momento, no ha sido confirmado por fuente independiente.
Qué cambia si la reserva se vuelve ley
El cambio es jurídico antes que económico. Hoy la reserva vive de una orden ejecutiva. Con ley, un presidente no podría borrarla de un plumazo y haría falta otra ley o un fallo judicial, como analiza Bitcoin.com. El Tesoro publicaría su prueba de reservas y un auditor la verificaría cada año.
Lo que no cambia: la ley no ordena comprar bitcoin. Solo organiza lo decomisado y estudia vías neutras como ventas de otros activos, decomisos o acuerdos con estados. Prohíbe financiar compras con deuda o impuestos. Tras los 20 años, el Tesoro recomendaría seguir o liberar hasta 10% cada dos años.
El riesgo es el calendario. Quedan meses antes de que el Congreso se renueve en enero y el texto debe pasar tres filtros. La propia semana mostró el contraste: el Senado frenó CLARITY mientras la Cámara aceleró la reserva. Una avanzó porque no toca al mercado; la otra se atascó donde reparte poder.