La nueva ley permite reutilizar activos digitales incautados para fortalecer la seguridad pública, marcando un cambio de paradigma en la lucha contra el crimen organizado.
Brasil promulgó la Ley N.º 15.358 el día 25 de marzo del 2026, redefiniendo el uso de las criptomonedas que hayan estado involucradas en el crimen organizado. Es decir, que los cripto activos confiscados a organizaciones criminales podrían ser utilizados para mejorar la seguridad pública de Brasil.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encuentra encabezando una campaña activa en contra del crimen organizado, por lo que esta Ley sienta bases robustas para recuperar la paz del pueblo.
Nueva legislación y nuevo enfoque operativo
El pasado 25 de marzo del 2026 el gobierno de Brasil promulgó la Ley 15.358. Esta medida dictamina que aquellos cripto activos que sean confiscados a organizaciones criminales pueden ser utilizados por el gobierno para mejorar la seguridad pública de Brasil.
El uso de dichos bienes queda a disposición, siempre y cuando sea aprobado por un juez, incluso antes de una condena definitiva. De este modo aquello que sea incautado tiene la posibilidad de ser utilizado en equipamiento policial, entrenamiento de las fuerzas policiales, cooperación internacional e intercambio de inteligencia, entre otras.
El impacto de la ley radica en que el uso de las criptomonedas incautadas no se tratan como reserva estatal, sino como una herramienta operativa destinada a robustecer la infraestructura del sistema de seguridad. A su vez, las autoridades tienen el poder de congelar fondos y bloquear el acceso a billeteras digitales, restringir el acceso a exchanges. Además, se utilizarán los datos recolectados para crear una base de datos criminal financiera, registro que podría marcar un precedente en Latam.
Cabe destacar que la legislación permite considerar como agravantes el uso de apps de mensajería encriptada o herramientas de privacidad utilizadas para ocultar la información delictiva. Así como también permite dar mayores condenas a criminales organizados y una restricción permanente al sistema financiero formal.
Conclusión
La ley promulgada por Brasil posiciona al país en un lugar de innovación en relación a cripto y seguridad pública. Al convertir las criptomonedas incautadas en herramientas operativas no solo podría debilitar financieramente al crimen organizado, sino que permitiría fortalecer su infraestructura de defensa.
Esta mirada dicta un cambio de paradigma, donde las criptomonedas dejan de ser vistas como una herramienta delictiva, sino que se presentan como parte de la solución al conflicto.
Sin embargo, también abre una ventana hacia la transparencia de la implementación de esos fondos incautados, por parte del gobierno brasileño. Aún así, es una oportunidad para sentar un precedente en la región