Mientras el organismo objeta que Bukele use bitcoin como moneda legal, en Bolivia empuja a regular el uso creciente de USDT como sustituto informal del dólar
El FMI no tiene una sola política hacia las criptomonedas en América Latina: tiene una reacción distinta según el problema que cada gobierno le plantea. En El Salvador, el organismo lleva años objetando que un Estado adopte bitcoin como moneda de curso legal. En Bolivia, en cambio, no hay una decisión estatal de adoptar cripto de por medio, sino una dolarización informal vía USDT que crece por necesidad económica, y que el FMI busca encauzar bajo supervisión antes de que escape a su control.
El Salvador: una moneda legal que incomoda
Desde que Bukele declaró al bitcoin moneda de curso legal, el FMI viene señalando la volatilidad del activo, los riesgos de lavado de dinero y el impacto potencial sobre la dolarización de la economía salvadoreña. El organismo condicionó el financiamiento a que el país redujera su exposición pública a bitcoin, y el acuerdo vigente prohíbe usar recursos públicos para comprarlo. Sin embargo, esa prohibición tiene un agujero, porque no define qué cuenta como “recurso público”, y el gobierno salvadoreño sigue sumando bitcoin al tesoro a través de donaciones que quedan fuera de esa definición.
Bolivia: regular antes de que el USDT reemplace al boliviano
En Bolivia el punto de partida es otro. Ante la escasez de dólares y la presión sobre las reservas del país, el uso de USDT creció entre ciudadanos y empresas que buscan una alternativa dolarizada. El gobierno boliviano evalúa darle a la stablecoin un rol formal dentro del sistema de pagos, junto al boliviano y al dólar.
El FMI, como parte de un paquete de financiamiento cercano a los USD 1.900 millones a 36 meses, pidió reforzar la regulación cripto, y en agosto advirtió sobre el riesgo de que stablecoins locales faciliten el acceso a dólares digitales si los usuarios pueden moverse libremente entre tokens nacionales y activos on-chain respaldados por dólares.
Más que una preferencia ideológica por un activo sobre otro, lo que revelan ambos casos es la misma preocupación de fondo, ya que el FMI vigila de cerca cualquier activo digital que pueda debilitar el control monetario y cambiario de un país que depende de su financiamiento. En El Salvador esa preocupación se tradujo en rechazo directo a una moneda legal volátil; en Bolivia, en presión para regular una stablecoin que ya circula de hecho. El resultado, en los dos casos, es el mismo: gobiernos que negocian márgenes de maniobra cripto dentro de las condiciones que impone el organismo.