Los reguladores de EEUU llegaron al 18 de julio sin las reglas finales de la Ley GENIUS para stablecoins, aunque la entrada en vigor sigue fija para enero de 2027.
La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) son dos de los cuatro reguladores primarios de stablecoins en Estados Unidos. Los otros dos son la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA) y el Departamento del Tesoro.
Los cuatro llegaron el sábado 18 de julio al plazo de un año que fija la Ley GENIUS sin las reglas finales de stablecoins, según reportó The Block. La Reserva Federal, que también participa del marco, seguía igual con propuestas abiertas, no con reglamentos definitivos.
El presidente Donald Trump firmó la Ley GENIUS —sigla de Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act— el 18 de julio de 2025. Fue el primer marco federal cripto independiente en superar al Congreso de Estados Unidos. La ley fijó requisitos de reservas, redención, divulgación, licencias y supervisión para los emisores de stablecoins.
La Sección 13 de la ley obligó a la OCC, la Reserva Federal, la FDIC y la NCUA a dictar sus reglamentos mediante consulta pública. El mismo mandato alcanzó al Tesoro y a cada regulador estatal, con plazo de un año desde la firma. El texto no establece qué pasa si ese plazo se incumple.
La ley tampoco dice que el atraso extienda el plazo, suspenda las obligaciones ya vigentes o posponga la fecha de entrada en vigor del marco completo. Los reguladores quedan, por ahora, sin una hoja de ruta legal para la demora.
Parte de esa brecha responde al calendario. Los comentarios sobre una regla conjunta de identificación de clientes siguen abiertos hasta el 21 de agosto. Una propuesta de la FDIC contra el lavado de dinero vence, por su parte, el 4 de agosto. Ambos plazos caen semanas después de la fecha límite que la propia ley exigía.
¿Qué reglas de la Ley GENIUS siguen sin terminar?
La OCC publicó en el Registro Federal, el 2 de marzo, su propuesta más amplia para emisores bajo su supervisión. El texto cubre activos de reserva, capital, liquidez, custodia, gestión de riesgo y reportes. The Block ya había cubierto la propuesta cuando la agencia la dio a conocer en febrero.
La FDIC avanzó con una propuesta de estándares prudenciales sobre reservas, capital, redención, custodia y gestión de riesgo para emisores controlados por bancos bajo su vigilancia. El texto también define cómo tratar, a efectos del seguro de depósitos, las reservas de stablecoins y los depósitos tokenizados.
La NCUA emitió una propuesta de licencias en febrero y otra más amplia sobre operación y gestión de riesgo en mayo. Los comentarios sobre este segundo paquete cerraron el viernes 17 de julio, un día antes del plazo legal. Eso hizo imposible terminarlo a tiempo por la vía normal de consulta pública.
El Tesoro tampoco cerró su propuesta de principios para la regulación estatal. Ese reglamento definirá cuándo un marco estatal es ‘sustancialmente similar’ al federal. Los emisores calificados, con hasta 10.000 millones de dólares en stablecoins en circulación, podrían entonces seguir bajo supervisión de su estado.
La más extensa es la de la OCC, seguida por la de la FDIC y la doble propuesta de la NCUA. Junto con la del Tesoro, esas cuatro piezas debían convertirse en reglas definitivas antes del 18 de julio. Ninguna lo logró.
¿Qué reglas de identificación y lavado de dinero quedan abiertas?
La Reserva Federal, la red contra delitos financieros FinCEN, la OCC, la FDIC y la NCUA emitieron en conjunto una propuesta de identificación de clientes. La regla exige a los emisores verificar la identidad de sus clientes en el mercado primario y guardar los registros correspondientes. Los comentarios sobre ese texto siguen abiertos hasta el 21 de agosto.
La verificación busca evitar que las stablecoins autorizadas se usen para mover fondos de origen ilícito en el mercado primario. Ese es el punto donde se emiten y redimen directamente con el emisor. Cinco de los gobernadores de la Reserva Federal respaldaron la publicación de esa propuesta conjunta, mientras que Kevin Warsh, presidente de la Fed, se abstuvo de la votación.
Por separado, la FDIC propuso su propio reglamento contra el lavado de dinero y las sanciones financieras, con comentarios abiertos hasta el 4 de agosto. FinCEN y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) plantearon, además, reglas más amplias de prevención de lavado, reportes y sanciones para los emisores autorizados.
Esos calendarios garantizan que al menos parte de las reglas necesarias para operar el marco no estarán terminadas hasta después del plazo del 18 de julio. La consulta pública, por diseño, no permite cerrar un reglamento antes de que venza el período de comentarios.
¿Qué objeta la industria y qué preocupa en el Congreso?
BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, pidió a la OCC abandonar un posible tope de 20 % para los activos de reserva tokenizados. La firma también solicitó que el regulador confirme, de forma explícita, que los fondos cotizados (ETF) de bonos del Tesoro califican como reserva válida.
Además, BlackRock propuso ampliar la lista de activos elegibles para incluir ciertos bonos del Tesoro a tasa flotante. Son señales de cuánto puede cambiar todavía el reglamento antes de convertirse en norma definitiva.
En el Congreso, el representante republicano Bryan Steil presionó en diciembre a funcionarios de las agencias para que terminaran sus reglas de la Ley GENIUS a tiempo. Steil advirtió que los reguladores han incumplido plazos legales en el pasado con otras leyes.
Un grupo bipartidista de senadores pidió en junio al Departamento del Tesoro preservar el rol regulador de los estados. Los legisladores señalaron que la propuesta del Tesoro deja incertidumbre sobre el proceso de certificación estatal y sus plazos.
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, por su parte, propuso su propio marco alineado con la Ley GENIUS, con límites de concentración de reservas adicionales a los federales. Busca cumplir así el estándar de ‘sustancialmente similar’ antes de que exista una regla federal definitiva que lo mida.
Sin reglas federales cerradas, Nueva York y otros estados podrían tener que revisar sus marcos antes de solicitar esa certificación.
¿Se retrasa la entrada en vigor de la Ley GENIUS?
El incumplimiento del plazo no atrasa, por sí solo, la fecha en que la ley entra en vigor. La Sección 20 fija esa fecha en la más temprana entre dos opciones. La primera es el 18 de enero de 2027, dieciocho meses después de la firma. La segunda es 120 días después de que los reguladores federales emitan sus reglas definitivas.
Las reglas que se cierren después del 20 de septiembre ya no podrían adelantar la fecha, porque su ventana de 120 días vencería el 18 de enero o más tarde. El Congreso no fijó una sanción ni un cronograma alternativo si las agencias no cumplían el plazo de un año.
Buena parte del marco ya está escrita en la ley, sin depender de estos reglamentos. Los emisores deben mantener reservas de uno a uno en activos líquidos elegibles, publicar políticas de redención y divulgar sus reservas cada mes. Tampoco pueden pagar interés ni rendimiento directo a quienes tienen sus stablecoins.
Las reglas pendientes definirán cómo los reguladores aplican y hacen cumplir esas obligaciones, no si existen. Por ahora, los emisores se preparan sobre la base de propuestas que todavía pueden cambiar antes de convertirse en normas obligatorias. El resultado final se sabrá recién cuando las agencias publiquen sus textos definitivos.
¿Qué implica la demora para América Latina?
La demora repercute más allá de Estados Unidos. Tether (USDT) y Circle (USDC), los dos mayores emisores de stablecoins del mundo, concentran buena parte del uso cotidiano de estos activos en América Latina. Sirven, sobre todo, como cobertura frente a la inflación y para remesas en países como Argentina y Venezuela.
Ambas empresas operan bajo la ley estadounidense, y sus reglas definitivas de la OCC y la FDIC determinarán qué activos pueden respaldar sus reservas y cómo deben reportarlas. Mientras esas normas sigan en borrador, la incertidumbre también llega a los usuarios y comercios que dependen de esos tokens en la región.
El proceso estadounidense funciona, además, como referencia para reguladores de la región que avanzan en sus propios marcos de activos digitales. Brasil y México discuten normas propias para stablecoins y otros criptoactivos. El resultado final de la Ley GENIUS, con sus reglas de reservas y de identificación de clientes, es uno de los modelos que analizan.
Para emisores y usuarios de la región, la conclusión práctica es similar a la de Estados Unidos. Las reglas de fondo ya existen en el papel, pero su aplicación concreta seguirá definiéndose durante los próximos meses. Ese calendario de Washington es, por ahora, el que también marca el ritmo regulatorio de la región.