La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusa a BG Wealth Sharing y DSJ Exchange de utilizar documentos de sus propias bases de datos públicas para aparentar legitimidad regulatoria. Según la demanda, el esquema habría captado más de US$130 millones de 223.000 direcciones de blockchain y provocado pérdidas superiores a los US$100 millones.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda contra dos compañías vinculadas a un presunto esquema de inversión en criptomonedas que habría recaudado más de US$130 millones mediante documentos y certificados utilizados para aparentar una aprobación regulatoria que nunca existió.
La acción legal, presentada el jueves ante un tribunal federal del norte de California, señala a BG Wealth Sharing y DSJ Exchange, dos empresas constituidas en Colorado que, según las acusaciones, utilizaron información extraída de las bases de datos públicas de la SEC para convencer a miles de inversores de que sus operaciones contaban con respaldo oficial.
De acuerdo con la denuncia, entre marzo y mediados de junio de 2026, ambas compañías habrían captado fondos procedentes de más de 223.000 direcciones de blockchain. La SEC estima que las pérdidas de los inversionistas superan los US$100 millones.
El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de los esquemas fraudulentos que utilizan la apariencia de cumplimiento regulatorio para generar confianza en el mercado de activos digitales.
Cómo utilizaron las bases de datos de la SEC para aparentar legitimidad
Según la investigación, BG Wealth Sharing y DSJ Exchange habrían aprovechado documentos disponibles en los sistemas públicos de la SEC para construir una imagen de legitimidad ante sus potenciales clientes.
La denuncia señala que BG Wealth presentó un Formulario ADV en agosto de 2025 como asesor de informes exento. Un mes antes, DSJ Exchange había presentado un Formulario D en el que anunciaba una supuesta oferta de valores por US$100 millones.
Posteriormente, las compañías y sus promotores habrían dirigido a los inversionistas hacia el sistema de búsqueda de asesores de la SEC y la plataforma EDGAR, presentando esos documentos como evidencia de que estaban registradas y contaban con respaldo regulatorio.
Además, el sitio web de BG Wealth mostraba certificados con números CRD y CIK asociados a los registros públicos.
Sin embargo, la SEC aclaró que estos documentos no representan una licencia ni una aprobación de la agencia.
El Formulario ADV presentado bajo la categoría de asesor exento y el Formulario D son instrumentos de presentación de información regulatoria. Su existencia en las bases de datos públicas no significa que la SEC haya evaluado, autorizado o respaldado las actividades de una empresa.
La demanda también cuestiona la autenticidad de parte de la documentación presentada. Entre las irregularidades señaladas figura la designación de una firma auditora llamada Indicator Global, que, según la agencia, no aparece en los registros públicos de firmas contables, así como el uso de una dirección de oficina principal que correspondería a un apartado postal virtual.
Más de US$100 millones en pérdidas y retiros bloqueados
La SEC estima que el esquema habría captado más de US$130 millones y que los inversionistas habrían perdido más de US$100 millones.
Según la denuncia, no más de US$25 millones habrían regresado a billeteras probablemente vinculadas con inversionistas, mediante pagos que la agencia considera compatibles con un esquema Ponzi.
El caso también incluye acusaciones sobre restricciones para retirar los fondos.
El 23 de abril, después de que el FBI confiscara el dominio original de BG Wealth, Stephen Beard, señalado como supuesto fundador de la compañía, habría atribuido el incidente a un hacker chino.
Posteriormente, DSJ Exchange suspendió los retiros y comunicó a los usuarios que debían pagar un supuesto impuesto para desbloquear sus cuentas.
Otros inversionistas habrían recibido instrucciones para depositar dinero adicional con el objetivo de migrar sus fondos a una nueva plataforma denominada HQIEX. Sin embargo, incluso quienes realizaron estos pagos no pudieron recuperar su dinero.
Este tipo de exigencias constituye una señal de alerta frecuente en los fraudes de inversión: solicitar nuevos depósitos o pagos adicionales como condición para liberar fondos que supuestamente ya pertenecen al usuario.
BG Wealth y DSJ Exchange habrían cambiado su identidad corporativa
La denuncia también documenta movimientos posteriores de las compañías.
Según la SEC, el 29 de septiembre de 2026, DSJ Exchange cambió su nombre a Horizon Crest Capital en la plataforma EDGAR y presentó un nuevo Formulario D.
La agencia señala que al menos siete reguladores extranjeros y siete estados de Estados Unidos habían emitido advertencias u órdenes relacionadas con el esquema.
Estos antecedentes forman parte de la investigación sobre las operaciones de ambas compañías y su presunta estrategia para captar fondos de inversionistas minoristas.
¿Qué sanciones solicita la SEC contra las empresas?
La SEC acusa a BG Wealth Sharing y DSJ Exchange de infringir las disposiciones federales contra el fraude. Además, señala a BG Wealth por presuntas violaciones de la Ley de Asesores de Inversión.
Entre las medidas solicitadas ante el tribunal se encuentran:
- Medidas cautelares para detener las actividades presuntamente fraudulentas.
- Devolución de las ganancias obtenidas ilícitamente.
- Imposición de sanciones civiles.
- Una orden que impida a BG Wealth presentar nuevos Formularios ADV como asesor de informes exento.
El resultado del proceso judicial determinará las responsabilidades legales de las compañías y las personas involucradas.
El caso deja una advertencia para los inversionistas de criptomonedas
El presunto fraude de BG Wealth y DSJ Exchange evidencia cómo los documentos regulatorios pueden utilizarse de manera engañosa para construir una falsa sensación de seguridad.
En el ecosistema cripto, donde los inversionistas pueden acceder a proyectos y plataformas desde cualquier parte del mundo, verificar la información de una empresa es fundamental.
Que una compañía aparezca en una base de datos oficial no significa necesariamente que esté autorizada para ofrecer inversiones, que sus productos hayan sido aprobados o que exista una garantía gubernamental sobre los fondos depositados.
Por eso, antes de transferir criptomonedas o dinero a una plataforma, es importante comprobar qué tipo de registro posee, qué actividades está autorizada a realizar y si las autoridades competentes han emitido advertencias sobre sus operaciones.
El caso también recuerda que la transparencia documental y la existencia de registros públicos no sustituyen una evaluación independiente de los riesgos de inversión.